Por Mariano Cuparo Ortiz

El 2025 inició con intensos reclamos desde el sector agropecuario. Y es que, por la caída en los precios internacionales de los commodities, que se espera que se acentúe tras el triunfo de Donald Trump, por el atraso cambiario que el Gobierno prometió acentuar si se consolida la desinflación, y por las retenciones encima del 30% para la soja y sus derivados, el esquema de precios y costos de los productores arranca el año con un combo que encendió alarmas. Desde Coninagro y la CRA manifestaron la necesidad de un alivio impositivo, en un año en el que el Gobierno proyecta incrementar la presión tributaria por esa vía, para compensar el fin del impuesto PAIS.

Tomando en cuenta que el Gobierno no puede controlar la dinámica de los precios internacionales, lo que se presenta es un trilema: por un lado, el agro exige que se cumpla la promesa electoral, reiterada en la última visita oficial a La Rural, de eliminar las retenciones, dado el combo que, afirman, no permite sostener márgenes positivos. Por otro, con el fin del impuesto PAIS, el equilibrio fiscal necesitará de mayores ingresos para compensar y en ese sentido el trunco Presupuesto 2025 proyectaba una suba del 0,5% de la presión tributaria vía derechos de exportación, tal como recordó un informe reciente de Iaraf.

El trilema se completa con la otra promesa de que, si se sostiene la desaceleración inflacionaria, el ritmo de la devaluación mensual del 2% bajará a uno del 1% al inicio del 2025. Esa movida no solo sería necesaria, tal como mostró la dinámica de desinflación del 2024 con el ancla cambiaria al frente, para seguir desinflando (según esta visión, el 2% de devaluación sumado a un cálculo a ojímetro de un 0,5% de inflación internacional comienza a ponerle un piso al IPC local), sino que respondería también a la exigencia de lubricar el carry trade, dada la necesidad de que ingresen dólares financieros para seguir sosteniendo el déficit de cuenta corriente externa (mide la balanza de bienes, servicios e intereses de la deuda) que lleva seis meses de vigencia.

El agro, aunque justifica sus reclamos a partir del combo negativo de precios internacionales, tipo de cambio y retenciones, no viene haciendo reclamos acerca de la dinámica del dólar, por el efecto social que tendría una nueva devaluación. Pero sí exigió respuestas urgentes desde el lado fiscal, vía retenciones.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnini, afirmó al respecto en declaraciones a AM El Destape: “En este caso el combo es negativo. Todas las variables están jugando en contra de la rentabilidad del productor. Y, cuando uno habla con los vendedores de maquinarias e insumos, esto se está notando, porque el productor ante esta perspectiva toma sus recaudos. Los productores no tenemos dudas de que, si nos quitan las retenciones, en dos años duplicamos la producción”.

Y agregó: “El esquema cambiario es lo que hay. Ahí nosotros tenemos que seguir el objetivo que propuso este Gobierno. Creo que con las retenciones se le daría este aire fresco que precisa el productor agropecuario. El libre comercio después irá dando lugar a lo cambiario. En eso hay que ser cuidadoso porque parte de la sociedad también está viviendo un momento delicado. Lo que es retenciones, es un pedido que lamentablemente no puede esperar”.

En la misma sintonía, en declaracoines a AM750, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, señaló en referencia al default de deuda en dólares de Los Grobo: “es algo que se puede estar viniendo en el campo. Los números son muy apretados, los precios han caído muchísimo, venimos de tres años de sequía muy importantes, donde los productores han estado muy golpeados, y las empresas no son ajenas al flujo del productor. Estamos empezando a correr riesgo si no hay un afloje en materia impositiva”.