En julio de 2021 una laguna chubutense amaneció de color rosa, lo que se vinculó a la presencia de residuos de la industria pesquera. Lo llamativo del color convirtió al hecho en una noticia que circuló por el mundo, pero en la Argentina todos los días se vierten discretamente toneladas de desechos industriales de manera ilegal en cloacas, basurales y cursos de agua. 

En 2021, sólo el 8,5% de los residuos industriales fueron tratados adecuadamente, según un informe conjunto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Rosario (UNR), que integran el Observatorio de Residuos Peligrosos. De las alrededor de 12 millones de toneladas anuales de desechos generadas (la cuenta suma residuos peligrosos, no peligrosos y patogénicos), sólo fue tratado 1 millón. 

La cuenta surge de comparar la estimación del total de residuos generados por la industria con la cantidad de residuos efectivamente tratados por las empresas que integran la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) y la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) proyectados sobre el total de operadores habilitados a nivel nacional, que son 121.

Según Gustavo Solari, presidente de Caitpa, con la pandemia se redujo el porcentaje de residuos tratados, que en el informe de 2020 había sido de 10%. El aprieto económico que generó para muchas empresas el parate de la actividad por el Covid-19 derivó también en un mayor ahorro en gastos relacionados con la sustentabilidad. 

“Para las empresas es gratis verter ilegalmente sus residuos en cloacas, cursos de agua o basurales, pero eso no es gratis para la población, que sufre los efectos contaminantes y además paga con sus impuestos el saneamiento”, sumó Claudia Kalinec, presidenta de Catries. 

Según la empresaria, cuando el agua potable llega a los hogares con sabor u olor extraño -en 2020, por ejemplo, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) debió dar explicaciones por distribuir agua potable en la Ciudad de Buenos Aires con olor a “aceituna”- y no se puede definir el origen de esa anomalía, muchas veces tiene que ver con la presencia de esos desechos industriales. 

Deshacerse de residuos en cursos de agua no solo es gratis para las empresas, sino que es una maniobra difícil de rastrear para el Estado. Por otro lado, como no implica gastos de tratamiento de los residuos generados, tampoco existe un incentivo para las industrias para generar menos descartes.

“El problema del Riachuelo no es que no se limpia, se limpia un montón. El problema es que se siguen tirando residuos”, apuntó Kalinec. De acuerdo con una investigación de Alejandro Rebossio publicada en elDiarioAR, el año pasado el Estado identificó a 795 establecimientos de empresas que contaminan el Riachuelo, entre los que hay multinacionales y grandes compañías nacionales. Shell, Coto, YPF, Axion, Puma, Día, Aeropuertos Argentina 2000, Swift, Covelia, Mercedes-Benz, Clorox, Molinos y Coca-Cola Femsa, entre muchas otras. 

Las mismas empresas son las que declaran la cantidad de residuos que generan frente a las autoridades gubernamentales. Según aseguran Kalinec y Solari, el Estado no tiene organismos suficientemente potentes para establecer controles eficaces ni genera los incentivos necesarios para tentar a las empresas a acogerse voluntariamente al marco normativo vigente, que consta de leyes nacionales y provinciales.

En algún punto, el cumplimiento con los estándares depende de la buena voluntad de las empresas o de necesidades concretas. Según revela el informe, las buenas prácticas de tratamiento de residuos se encuentran asociadas a empresas que se encuentran integradas a cadenas de valor internacional, o bien que obtuvieron (o están en vistas de obtener) certificaciones de calidad asociadas a prácticas ambientales.  

El documento elaborado por las universidades estima que en el país hay 402.189 empresas activas generadoras de residuos industriales, especiales y peligrosos. De ese total, calcula que solo 30.522 contratan tratamiento de residuos, es decir, el 7,6%. 

Actualmente las empresas dedicadas al tratamiento de residuos industriales, que emplea a alrededor de 4.000 personas de manera directa, no tienen la capacidad para procesar la totalidad de los residuos que se producen en el país. Sin embargo, hay capacidad de sobra para procesar la porción de residuos que efectivamente se trata. Solari señaló que no se hacen inversiones para ampliar las plantas porque no hay señales claras de que las empresas vayan a aumentar su compromiso en los próximos años. 

Consultados sobre los datos de este informe privado, en el Ministerio de Ambiente no emitieron comentarios.