El 2020 será un año bisagra para los casinos estatales en Mendoza. Así lo reconoce la titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), Josefina Canale, quien si bien no podría afirmar que desaparecerán completamente sí cree que tendrán los días contados si continúa gobernando el frente Cambia Mendoza.

En esa decisión mucho tendrán que ver los intendentes que, si bien reconocen y les preocupa el crecimiento de los casos de ludopatía, también son conscientes de que se perderían unos cuantos puestos de trabajo. Está claro que no es ni será fácil para ellos sintonizar con esta política de erradicación del juego.

Mientras tanto, la funcionaria considera que su tarea es dejar bien claros los números para que quien la reemplace cuente con más elementos para evaluar cuál será el impacto económico y social de cerrar las salas de juego. O, en cambio, si lo mejor sea darle continuidad a un negocio que entre los años 1999 y 2015 vivió su período de esplendor hasta la llegada de Alfredo Cornejo al sillón de San Martín.  

De esta manera se continuaría con la línea que planteó el gobernador desde el arranque: mientras haya menos máquinas de juego habrá una población más saludable. 

La ludopatía no tiene una gran incidencia en lo estadístico, pero sí un fuerte impacto social. Con ese argumento entre manos, la actual gestión del IPJyC cerró todos los casinos del Valle de Uco y el de Uspallata.

Hasta ahora son cinco las salas de juego que cerraron sus puertas y la sexta ya tiene fecha: 2019. La provincia no le concedió la extensión de prórroga a Casino Club, la firma que tiene la concesión de las máquinas tragamonedas en San Rafael. Dentro de dos años se cortará el vínculo contractual y no habrá posibilidad de una nueva renovación.

Según Canale, en los papeles ya no figura el empresario y "zar del juego" Cristobal López (hoy preso en Ezeiza) como uno de los propietarios del Casino Club, aunque sí su exsocio Ricardo Benedicto.