Un grupo de auditores que encararon la tarea a pedido de la Jefatura de Gabinete se convencieron casi de inmediato: comenzar a revolver en los papeles que dejó el ex secretario de Obras Públicas José López era el primer paso de un camino plagado de irregularidades de distinto alcance que conducen al manejo sospechoso de fondos millonarios destinados originalmente a la construcción de viviendas con fines sociales. Les pusieron un número a sus estimaciones: sostienen que durante la gestión del ex funcionario en 2015 se desviaron por lo menos $ 13.544 millones que tenían como objetivo reducir el déficit habitacional. Así lo declararon en el informe denominado "El estado del Estado", que la dependencia de Marcos Peña difundió hace dos semanas.

LA NACION vio la auditoría en la que se basó el informe. Sostiene que el destino de esos fondos es incierto, aunque el Gobierno sospecha que la mayor parte se asignó a otras obras que no tenían nada que ver con la construcción o el mejoramiento de viviendas. En cambio, a ese destino habrían ido a parar apenas $ 5000 millones, un poco más de la cuarta parte.

La investigación que inició el Gobierno podría revelar caminos de corrupción hasta ahora escondidos que se analizarán en los tribunales.

Sucede que, al igual que en otras áreas del Estado, se repartieron fondos de manera discrecional a unidades ejecutoras afines en las provincias de Chaco, Misiones, Entre Ríos, Formosa, Jujuy y Santa Cruz, que también lidera la lista de distritos más beneficiados con fondos para rutas.

La auditoría que ordenó Frigerio sostiene que todas esas provincias "recibieron fondos desde Nación muy por encima de sus necesidades en términos de déficit habitacional". Y como las viviendas se adjudicaron sin condiciones "claramente establecidas" y escaso seguimiento después de la entrega, les abrieron el paso a "transacciones informales de venta o alquileres".

Todos esos datos acompañarán denuncias que el Gobierno presentará en la Justicia. Esa seguidilla comenzó con algunos casos ejemplares que involucran a organizaciones sociales que están en el centro de la polémica, como la Tupac Amaru, cuya líder es la diputada del Parlasur Milagro Sala, presa desde principios de año acusada de asociación ilícita, o la fundación María de los Ángeles, que conduce Susana Trimarco, cuya hija, Marita Verón, fue víctima de trata.

Las transferencias de fondos se instrumentaban a través de los institutos provinciales de vivienda y en menor medida por intermedio de los municipios. En todos los casos la administración macrista apunta a revisar los casos en que los pagos de las obras no guardan relación lógica con el avance de los proyectos.

En Jujuy, la Tupac Amaru encaró dos obras para construir 500 viviendas por $ 183,32 millones. En octubre del año pasado la secretaría de López había completado los pagos, pero el Gobierno hoy sólo tiene rendiciones de cuenta por el 80% de los montos.

También en Jujuy la organización de Sala recibió $ 128 millones para realizar 1000 mejoramientos de viviendas. El 30 de noviembre del año pasado, luego de perder el ballottage y 10 días antes de dejar el mando, la administración de Cristina Kirchner giró más de $ 29 millones para ese proyecto, que nunca presentó el acta de inicio de obra ni alguna otra rendición.

La relación con las provincias y los municipios también está bajo la lupa de la nueva gestión. En Bariloche (Río Negro) se destinaron $ 248,54 millones para la construcción de 495 viviendas que tienen un avance mínimo. Y a La Rioja llegaron $ 32,32 millones para afrontar el primer desembolso de 1500 mejoramientos. "Se presentaron certificaciones como si la obra se hubiera sobreejecutado. Se solicitaron el segundo y el tercer desembolso por montos superiores a los previstos en el plan original. Se envió una auditoría de la Secretaría de Vivienda y, a partir de una muestra, se determinó que en una gran cantidad de casos las obras declaradas como terminadas no han sido realizadas", acusa la auditoría.

Según el trabajo que hizo el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, López acostumbraba a pagar con gran antelación trabajos que se dilataban en el tiempo o directamente nunca se hacían. En ese saco la administración de Cristina Kirchner puso al menos $ 2292 millones para afrontar el primer desembolso en 924 proyectos que nunca presentaron certificados de obra, por lo que su grado de avance es incierto.

Con la misma lógica, la vieja Secretaría de Obras Públicas, principal gestora de las viviendas sociales en todo el país, pagó el 100% de 1370 construcciones que, en el mejor de los casos, tienen un avance de obra cercano al 80%.

Los primeros hallazgos del macrismo están en línea con lo que reveló un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe de mayo de 2014. Según el organismo que manejaba Leandro Despouy, sólo uno de cada nueve proyectos auditados de la cartera de López tenía los papeles en orden. El resto presentaba irregularidades de todo tipo, desde "expedientes sin foliatura hasta pagos que se realizaban sin la verificación física de los avances de obra", algo difícil de explicar en la administración de los recursos públicos.

El Gobierno también encontró irregularidades en otras áreas que cayeron bajo la gestión de López. La más clara es la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Por ejemplo, en 2007, la gestión de Cristina Kirchner licitó la construcción de un tramo de la ruta 3 que une las localidades de Rada Tilly y Caleta Olivia. Tenía un presupuesto de $ 3000 millones y el trabajo quedó para Austral Construcciones.

La semana pasada el Gobierno relicitó la obra con un presupuesto de $ 2000 milllones (un 33% menos) y obtuvo ofertas incluso más bajas