Por Pablo Vaca
Se cumplieron 29 años de la famosa promesa de la funcionaria menemista. El contrapunto con el Sena parisino.
No hay río que compita en glamour con el Sena. Desde sus orillas se ven la Torre Eiffel, Notre Dame y el Louvre. Monet lo pintó y Piazzolla le compuso un tango. En verdad, es fama prestada, mérito de la principal ciudad que atraviesa, París: durante mucho tiempo el Sena olió de manera inversamente proporcional a su prestigio. Históricamente contaminado, destino de las aguas servidas de la capital francesa durante siglos, fue declarado biológicamente muerto en 1960 y ya desde 1923 se prohibía nadar en él.
En 1988, el expresidente Jacques Chirac, en ese momento alcalde parisino, prometió que en cinco años la gente podría bañarse en el río. No cumplió. Pero, tras una política consistente de recuperación, en 2009 se detectaron salmones atlánticos en su curso, en 2017 se construyó una pileta pública con agua del río y ahora van por todo: la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024, el 26 de julio de ese año, no será en un estadio sino con los atletas saludando a bordo de 160 botes sobre el Sena, y las pruebas de natación en aguas abiertas y los triatlones se correrán allí. Tras los Juegos, el río quedaría abierto al público.
Historias parecidas son las del Spree en Berlín, el Hudson en Nueva York y, especialmente, el Támesis londinense. Este último estaba tan contaminado ya en 1858, que una combinación de residuos humanos con efluentes tóxicos de curtiembres provocó el llamado “Gran Hedor” (Big Stink), que obligó a las autoridades a tomar las primeras medidas. Sin embargo, fue recién a partir de 1957, cuando el Museo de Historia Natural lo declaró “biológicamente incapaz de albergar vida marina”, que comenzó el trabajo en serio. Hoy nadan en el Támesis 125 especies de peces y se ven focas, delfines y marsopas.
Mientras tanto, acá, el martes se cumplieron 29 años de una frase inolvidable. Fue el 4 de enero de 1993 cuando María Julia Alsogaray, entonces secretaria de Asuntos Naturales y Ambiente del gobierno menemista, dijo: “En mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”. Ya pasaron 10.594 días, María Julia murió en 2017 y nadie en su sano juicio ni lavaría la ropa con esa agua, ubicada en el top 10 mundial de las más contaminadas.
Es más: ya pasaron 17 años desde que varios vecinos de Villa Inflamable, encabezados por Beatriz Mendoza, demandaron al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas por los daños y perjuicios derivados de la contaminación. Y 15 años desde que, en 2006 y a raíz de esa demanda, se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un organismo interjurisdiccional en el que intervienen Nación, Provincia, Ciudad y 14 municipios, cuya primera presidenta fue Romina Picolotti (condenada el año pasado a 3 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta agravada). Y 13 años desde que la Corte falló en el caso Mendoza, responsabilizó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño por la situación ambiental de las cerca de dos millones de personas que viven malamente en las orillas del Riachuelo y los conminó a resolver el problema.
Pasó todo eso y no pasó casi nada. Se quitaron algunas toneladas de basura y se reubicaron a algunos habitantes de la orilla porteña. Lo estructural, bien, gracias. El actual presidente de la Acumar es el ultra K Martín Sabbatella, que sigue en su puesto pese a haber sido condenado en 2020 a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos por "abuso de autoridad" en su gestión al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Según el funcionario, en 2023 finalizarían tres obras clave para mejorar el Riachuelo: el parque de curtiembres de Lanús, el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas y el Sistema cloacal Riachuelo. Dice Sabbatella que este último es particularmente importante porque la Cuenca Matanza Riachuelo "tiene un 80% contaminantes de efluentes cloacales y entre un 20 y 30% industriales".
No es la proporción que difunden algunos especialistas. Varios de ellos insisten en que los desechos industriales son tan o más importantes que la falta de cloacas. Que no están monitoreados. Y que el problema mayor reside en cómo reconvertir las miles de empresas radicadas a lo largo del Riachuelo para que dejen de contaminar. Quién paga esa reconversión, especialmente.
La historia, lamentablemente, continuará. Los años pasan y no sólo el agua está podrida.
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