El diputado oriundo de la ciudad de Rojas considera central “integrar los temas pedagógicos y sociales a través del ejercicio cotidiano de la resolución pacífica de conflictos”; pero al mismo tiempo cataloga como vital “trabajar nuevas estrategias para atender la conflictividad en la convivencia social, garantizando el derecho de los alumnos a recibir orientación y a que se respete su integridad, dignidad, libertad de expresión y conciencia”.

En la iniciativa, el legislador por la Segunda Sección provincial define a la mediación escolar como “el proceso de comunicación horizontal en el que una tercera parte, el mediador, genera las condiciones para que los protagonistas del conflicto puedan compartir inquietudes, planteamientos, puntos de vista y limitaciones, con el propósito de buscar un acuerdo mutuamente satisfactorio para las partes”.

El ámbito de aplicación de esta iniciativa será en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo de Gestión Pública y Privada, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCE), con el objeto de desarrollar, implementar y ejecutar la Mediación Escolar.

Asimismo, Santiago precisa que será atribución de la DGCE crear el Registro Público de Mediadores Escolares, establecer un área de Coordinación de Mediación Escolar y suministrarle los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para su funcionamiento, entre otras cuestiones.

El procedimiento de Mediación Escolar tiene carácter confidencial, con lo cual las partes, el/los mediador/es, los profesionales que las asistan, los expertos neutrales y todo aquel que intervenga en el procedimiento, tiene el deber de confidencialidad y lo ratificarán en oportunidad de la primera audiencia mediante la suscripción del respectivo compromiso.

“En estos tiempos -fundamenta Santiago-, la convivencia resulta compleja, estamos viviendo en una realidad social que presenta espacios fracturados, diálogos desencontrados en múltiples monólogos, diversidades no integradas; una sociedad que desconoce diferencias, en la que la falta de seguridad y de estabilidad laboral hace que se acreciente la violencia”.

Además, la norma hace hincapié en “la mediación permite reconocer igualdades y hace poder reflejarse, mirarse en el otro para identificar aquello que nos iguala de lo que nos distingue; pero para ello es indispensable tener en cuenta donde están los límites de cada sujeto, es decir, hasta donde llega mi construcción de persona y hasta dónde la del otro”.

Por último, Santiago admite que los marcos normativos que actualmente regulan la convivencia escolar en la Provincia “resultan insuficientes para abordar las nuevas y múltiples situaciones conflictivas”, tras lo cual da un plazo máximo de 180 días para que el Poder Ejecutivo reglamente esta Ley. (www.RamalloCiudad.com.ar)