El presidente Mauricio Macri pidió ayer ser sobreseído en la causa de las escuchas ilegales en la que lleva más de cinco años procesado.

Sus abogados presentaron un escrito ayer por la mañana en el juzgado federal de Sebastián Casanello. Argumentaron en contra de los querellantes, que la semana pasada habían solicitado que Macri enfrentara un juicio oral por este caso.

Según la defensa del Presidente, las afirmaciones de los acusadores privados (el ex cuñado de Macri Néstor Leonardo y el dirigente opositor Sergio Burstein) son fragmentadas, parciales y desactualizadas.

Casanello quedó ahora en condiciones de decidir si sobresee a Macri o eleva su caso para que sea juzgado por un tribunal oral. La instrucción está cerrada, todas las partes opinaron ya sobre cuál debería ser el destino de la causa y la Cámara Federal acaba de confirmar al juez.

Burstein había recusado a Casanello, en un intento por modificar el curso de la causa, que parece cada vez más cerca del final. Pero anteayer los camaristas rechazaron ese planteo. Según Burstein, el juez había "prejuzgado", ya tenía planeado cerrar la causa contra el Presidente y su decisión de consultar a las partes había sido una "parodia", al solo efecto de cumplir con las formas. Los camaristas rechazaron todos estos argumentos.

Macri llega a esta instancia con un escenario muy alentador. El fiscal del caso, Jorge Di Lello, que había impulsado la investigación y pedido el procesamiento, ahora dijo que el Presidente debe ser sobreseido. "Un cuadro nuevo y distinto se abre ante los ojos del suscrito", afirmó el fiscal a principios de este mes. Sostuvo que su cambio de opinión se debía a las pruebas que se habían incorporado en los últimos meses.

El juez que procesó a Macri fue Norberto Oyarbide. Lo hizo como subrogante del juzgado federal n° 7. Después, Casanello asumió como titular de ese juzgado y el 7 de marzo de 2014, en su primer fallo en esta causa, sostuvo que no había elementos para llevar a Macri frente a un tribunal. Afirmó que no existía una "prueba concreta" de que Macri hubiera ordenado espiar a su cuñado ni a Burstein y que tampoco estaba demostrado que hubiera montado una "asociación ilícita" destinada al espionaje clandestino. Ésos habían sido los argumentos del procesamiento, que Oyarbide firmó en 2010 y la Cámara confirmó por unanimidad.

Pero Casanello no accedió a sobreseer a Macri, como había pedido su defensa, encabezada por los abogados Alejandro Pérez Chada y Ricardo Rosental. Lo que hizo fue reabrir la investigación y disponer nuevas medidas, que incluyeron citaciones a testigos y un exhorto a Estados Unidos para indagar sobre la empresa de seguridad contratada para investigar a Leonardo.

Ninguna de esas medidas complicó al Presidente. En todo caso, algunas podrían haber mejorado su situación, como el testimonio del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo Montenegro, quien declaró sobre cómo habían elegido a Jorge Palacios jefe de la Policía Metropolitana (dato importante porque Palacios, a quien Macri conocía desde hacía años, sí fue elevado a juicio, procesado por espiar). Montenegro contó que conocía a Palacios de Tribunales y dijo que el método para la designación fue que él hacía "una terna" y Macri elegía.

Según Di Lello, estos nuevos elementos justifican el cierre de la causa. Lo mismo sostiene la defensa de Macri, quien ayer acusó a las querellas de haber ignorado pruebas y haber hecho un recorte de la causa. Ahora sólo falta la sentencia de Casanello.