Ricardo Casal fue designado agente del Servicio Penitenciario Bonaerense en septiembre de 1973, con 18 años recién cumplidos, a través de gestiones de familiares directos. Su designación se efectuó con destino en la Unidad 9 de La Plata.

Al poco tiempo, y luego de efectuar los cursos correspondientes, fue designado en el primer cargo de oficial del servicio.

Sucedido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Casal permaneció en la Unidad 9 y fue ascendido sucesivamente en la carrera penitenciaria.

Entre 1976 y 1982, varios de los presos políticos que pasaron por la Unidad 9 lo habrían reconocido participando en interrogatorios realizados en salas especiales dispuestas en el penal. Hay quienes lo sindican dependiendo del área de “inteligencia” dentro de la Unidad 9, tesis que se refuerza en la actualidad con la defensa realizada recientemente (durante el 2009) por Casal de Julio Barroso, ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario.

Julio Barroso es sindicado como uno de los jefes del centro de detención clandestina denominado como “La Cacha” (ubicado en la localidad de Olmos, en La Plata), donde entre otros se habrían desempeñado varios agentes y oficiales del Servicio Penitenciario provincial. Por esos años habrían sido frecuentes los intercambios de detenidos entre la Unidad 9 y La Cacha.

Varios militantes de esa época señalan que Casal habría tenido otras participaciones más complicadas en la represión ilegal de esos años. Algunos juran haberlo visto integrando las “patrullas de civil” que en varios autos recorrían la ciudad “marcando caras”, pero sólo podría comprobarse si en el proceso oral que se está por iniciar declaran estos viejos militantes.

Casal continuó desempeñándose como agente del Servicio Penitenciario hasta 1987, año en el que pasó en comisión a la Subsecretaría de Justicia, dependiente por ese entonces del Ministerio de Gobierno. Posteriormente, ingresó en política acompañando a Graciela Giannettasio en la Dirección General de Escuelas de la Provincia.

Cuando Casal asumió a principios del gobierno de Daniel Scioli como ministro de Justicia, varias organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre su pasado. Sin embargo, fueron misteriosamente silenciadas y prácticamente no hubo repercusiones en casi ningún medio.

“Es más –sostienen algunos militantes-, compañeros suyos están procesados por ser participes de secuestros de personas, y lo increíble es que trabajaron con él en la misma Unidad, en la misma oficina”. “¿Cómo desconocía todo lo que pasaba? ¿O si fue cómplice de secuestros, quién lo protegió?, se preguntan..

“En un periodo en que se habla de justicia y Derechos Humanos, un ex represor conduce a la Policía de la Provincia, y para nosotros que perdimos compañeros en la militancia es un dolor muy grande”, cuestionan.