En la enfermería casi no hay espacio libre. Una mesa de un metro para el libro de registros. Repisas encimadas en las que se encajan milimétricamente frascos etiquetados. Dos sillas que hay que correr para moverse y el techo descascarado y húmedo, que cede ante cada lluvia. “Es como si estuviéramos afuera”, dice la enfermera. Del otro lado de la pared, una médica termina de anotar en un espacio un poco más chico las novedades. Sobre su cabeza están las historias clínicas que hay que rescatar cuando cae la primera gota y el lugar se inunda crónicamente. Es cuando el agua sale por los enchufes. Pegado está el shock room de la guardia del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde llegan los pacientes graves directamente desde la ambulancia. Ahí no hay gas y, por lo tanto, estufas.

Afuera, en el pasillo, un cartel escrito en fibrón negro advierte del “Peligro” de dejar pacientes bajo el tablero eléctrico. Está enfrentado a la guardia de pediatría, una habitación también al límite de capacidad, donde dos médicas atienden a unos 120 chicos en cada turno de 12 horas. En la sala de espera los cables dan energía a una luz mortecina y a un ventilador. Debajo de ellos, en horas pico, los pacientes esperan hasta 10 horas. El Meléndez es uno de los 79 hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los que debe ser demolido porque su estado es más que crítico. El destino final del hospital lo estableció un relevamiento del Ministerio de Salud provincial, encargado al asumir su gestión María Eugenia Vidal y que dejó en evidencia lo que es una realidad para el 40% de los bonaerenses que acuden al sistema de salud: 53 de los 79 centros de salud están en estado crítico, necesitan obras y dos directamente deben ser demolidos. A los problemas de infraestructura se suma la falta de personal -oficialmente se estima que se necesitan 2.103 profesionales (553 médicos y 1.550 enfermeros)-, solo para recuperar las 636 camas que se perdieron por falta de inversión.

En el diagnóstico de la salud pública bonaerense aparecen además de los problemas en la infraestructura, la falta de recursos humanos, los malos sueldos y la violencia contra el personal. En esos puntos coinciden tanto las autoridades provinciales como los médicos y sus representaciones gremiales.

“La situación es problemática desde hace bastante tiempo, hay un deterioro que se ha venido profundizando con los años y que implica una situación grave que fundamentalmente tiene su centro en los recursos humanos sobre todo en el sector profesional, el que nosotros representamos, y en la estructura edilicia”, explica Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). La entidad representa a más de 10.000 médicos y profesionales de las salud de 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud. Porque, además de la complejidad que implica dar asistencia sanitaria a una población de más de 18 millones de habitantes, se suma que el bonaerense es un sistema con una particularidad: en él conviven un área provincial y otra municipal, en un territorio dividido en 12 distritos, que agrupan cada uno a varios municipios.

Según Corsiglia, en la Provincia la falta de personal se da por los salarios bajos y se agudiza por la gran diferencia con los que paga el sistema de salud público de la Ciudad. Frente a los reclamos salariales, la semana pasada se reabrieron las paritarias provinciales. El miércoles hubo paro y habrá otro de 48 horas el jueves y viernes.

“En la primera parte del año se accedió a un acuerdo salarial parcial que pactó que en agosto llegábamos al 25% de aumento promedio de bolsillo, eso implica que el ingresante de planta con 36 horas semanales sin antigüedad cobra hoy 15.000 pesos de bolsillo. El que empieza haciendo guardias, 17.000 pesos. De ahí hacia arriba no hay demasiada diferencia entre las categorías. Los sueldos llegan a estar entre 60 y 70% abajo con respecto a la Ciudad”.

El Meléndez es un laberinto de pasillos, salas improvisadas, entrepisos, instalaciones eléctricas improvisadas y soluciones temporales que quedaron para siempre. Puede ser perfectamente una metáfora del sistema de salud provincial. La última obra fue un tomógrafo que se instaló en el estacionamiento, pero para acceder a él, los pacientes deben salir al exterior sin ningún tipo de resguardo.

Del otro lado, del estacionamiento, bajo un alero de menos de un metro deben esperar los pacientes que hacen quimioterapia. La sala donde reciben por vena la droga oncológica es pequeña y con poca ventilación. Un ambiente desolador en un tratamiento en el que se necesita buena calidad de vida.

Llegar a la guardia del Meléndez es fácil. Se puede hacer por varias entradas del laberinto, lo que deja a los médicos y enfermeros, vulnerables. “Se meten por todas partes, muchos son violentos, exigen ser atendidos. Y, a veces, ni se dan cuenta que estás en medio de una maniobra de resucitación. Debería haber cuatro policías, pero nunca están”, contó a Clarín un médico de la guardia.

La violencia es cosa de todos los días en las guardias de los hospitales públicos. En el Meléndez, cansados de esperar en traumatología una familia quemó una camilla. A las dos salas para internación del servicio se accede por un pasillo angosto. Adentro los pacientes, la mayoría impedidos de moverse, casi se asfixian. Nada cambió después de aquella vez.

El Meléndez de Adrogué junto al Vicente López y Planes de General Rodríguez deben ser demolidos y construidos nuevamente, según las autoridades provinciales. El Colonia Cabred, de Open Door, y el Alejandro Korn, de Melchor Romero, se suman al grupo que tienen que ser hechos de nuevo. Desde CICOP suman uno más: el Regional Allende de Mar del Plata, que tiene graves problemas en su interior.

El gobierno de Vidal denunció al asumir que el sistema de salud provincial sufría las consecuencias de 20 años de desinversión. En esas dos décadas se perdieron 636 camas de sectores clave. Para ponerlas de nuevo en servicio se necesita inversión, pero también casi 2.000 profesionales entre médicos y enfermeros (Ver Pág. 40). Además, el Ministerio de Salud arrastraba una deuda de 2.600 millones de pesos con más de 600 proveedores, que se reflejaba en la falta de insumos. Se encontraron más de 1.500 tratamientos de drogas oncológicas que no estaban llegando a los pacientes. Había más de 2.000 recursos de amparo en la justicia, de los cuales 500 eran urgentes y 153, muy urgentes. Los remedios oncológicos tardaban en llegar 120 días.

“Los 2.000 amparos los bajamos a 80”, asegura Zulma Ortiz, ministra de Salud provincial. “Son siempre una urgencia y una pena, sobre todo en el concepto mexicano, de vergüenza porque claramente el sistema fracasó. No quisiéramos que la gente sufra todo ese trayecto, pero como están las condiciones vamos atrás de la demanda. Lo bueno es que hemos logrado la concentración en dos o tres tipos de problemas que tienen que ver con drogas oncológicas, prótesis y oxígeno y en su gran mayoría pertenecen a Pro Fe Incluir Salud, que es un programa del ministerio para personas con vulneración de derechos, y con quienes el sistema viene fracasando sistemáticamente. No quiero con esto una disculpa. Son situaciones crónicas de vulneración de derechos, quienes han sido víctima en muchos casos de situaciones de irregularidad con prestaciones a personas muertas o prótesis que luego se vendían. Necesitamos un año más por lo menos para que estas situaciones no se repitan”.

Según Ortiz, la demora en la entrega de medicamentos oncológicos se redujo a unos 60 días como máximo y el objetivo es que ese lapso se reduzca a 10 días. “No es desidia de un nivel central que no responde sino la burocracia que existe. No solo pasa con las drogas oncológicas a veces un paciente tiene que recorrer 50 kilómetros para dejar la receta, volver a los 15 días a buscar los medicamentos y en muchos casos no están porque está mal hecha la receta. Hay una cuestión de organización sanitaria super crítica que está hoy causando injusticias. Esos casos terminan en un amparo. Al principio me asustaban, pero me di cuenta que, cuando entendí cómo funcionaba el sistema, los recursos judiciales me permitían conocer los casos urgentes y resolverlos”, admite la funcionaria.

Ante un panorama complejo, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha un plan de inversión de 39 obras en 21 hospitales para garantizar los cuidados críticos. Hay ocho que se están ejecutando. El resto comenzará en el trimestre del año que viene.

El Hospital Evita de Lanús figura en la planilla que el equipo de Ortiz caratuló como Estado de Obras 2016. Hace una semana se inauguró el área de neonatología y las salas de parto. Los aparatos de última tecnología del sector contrastan con los pasillos semi abandonados de otros pisos. La guardia fue demolida. Los obreros trabajan sobre planos para rehacerla de acuerdo a las necesidades de uno de los servicios de urgencia más calientes de la Provincia.

Ocho años de saneamiento es mucho para los médicos y personal de enfermería, dice Corsiglia. “Es una decisión política. Los gobiernos anteriores o incluso el actual parecen entender a la salud pública como algo que les pasa a los demás en peor situación. Es verdad que la inmensa mayoría de los que acuden a los hospitales y servicios de salud públicos lo son. Pero en una época no fue así. Y, además, si alguien tiene un accidente en la calle o se descompone terminará sí o sí en la sala de emergencia de un hospital público provincial o municipal y ahí es donde le salvarán la vida”.