La acusación, que presentaron por estos en el Tribunal de Cuentas provincial, la encabeza el concejal de Nuevo Encuentro Héctor Salatino, en alianza con el Frente Renovador y la Tupac Amaru.

Salatino sostiene que desde 2009 a la fecha Pereyra invirtió cerca de 30 millones de pesos para construir un parque industrial en el municipio, que terminó privatizando por menos de la mitad.

El concejal sabbatellista agregó que el director del ente que administra el parque, Alfredo Junco, “tenía que ser nombrado con acuerdo del Concejo, pero recién ayer bajaron un decreto de julio de 2013 donde el intendente pide su convalidación”.

Junco reconoció que su designación requiere acuerdo del Concejo, pero aseguró que “ya fui ratificado por el Concejo una vez, puede ser que el intendente haya vuelto a girar el pedido”.

Sobre la acusación, Junco sostuvo que “hay graves inconsistencias”, atribuidas a un enfoque “con mala leche” propio de las “cuestiones de la política”.

El caso presentado por Salatino indica que Julio Pereyra compró para el distrito unas 130 hectáreas por 5 millones para construir un parque industrial. Para ello recibió de Nación cerca de 30 millones. Pereyra asegura que el ente de Junco, el IDAI, contrató a la empresa Málaga para comenzar las obras por 35 millones.

Las obras avanzaron y retrocedieron, siempre siguiendo el relato de Salatino. Hasta que en julio de 2013 se decide rescindir el contrato a Málaga y retribuirla con 6 millones de pesos.

En ese momento se firma un convenio con la empresa PISA y se dispone venderle 75 hectáreas por 12 millones. Lo que Salatino denuncia, además de este mal negocio del municipio, es que Pisa fue creada apenas dos meses antes de ser contratada. Además, Salatino señala irregularidades respecto de los integrantes de la empresa y los domicilios presentados.

Declaró que “el instituto no contrató a Malaga. El IDAI comenzó a trabajar en 2011, y la obra de Málaga es de 2009”, aseguró el funcionario.

El administrador del parque relató que “en 2012 hubo un freno en el giro de fondos de Nación, por lo que llegamos a una situación que no daba para más. La empresa estaba ahí y no podíamos seguir pagando”.

“Entonces se decidió rescindir el contrato de Málaga, y liberar el parque para poder hacer una licitación, que surge de una ordenanza de 2012 que habilita al intendente a hacer un parque público mixto”, agregó Junco.

Esta modalidad “consiste en que el estado pone la tierra y un privado hace la obra. La empresa tiene que terminar la obra y aprobarla, para cobrar. Es el primer parque de la provincia que se hace con esta metodología. Hicimos un concurso con licitación abierta en 2013, donde se presenta esta empresa, PISA”.

“Se quiere presentar lo normal como sospechoso –siguió Junco-. Que se haya constituido al efecto, no quiere decir que no tenga experiencia. Que el socio mayoritario sea Fernández Pietro, un desarrollador inmobiliario de grandes obras y de prestigio, valoriza la obra”.

Junco aseguró que todo el procedimiento fue consultado en el Tribunal de Cuentas, y Salatino adelantó que ya llevaron el material al mismo destino. Quedará en manos de la provincia, tomar alguna resolución.