El Estado argentino tuvo que pagar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos u$s295.000 a causa del mal desempeño de un juez sospechado de encubrir mafias. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación incumple con el mandato de un tribunal de rango superior que le ordena investigar y encontrar a los culpables. Secuestros, extorsiones, torturas y encubrimiento son los condimentos de una serie de causas que complican la situación de jueces y policías.

Los hechos de torturas y apremios ilegales que son objeto de las causas “Bayarri” y “Bueno Alves” fueron denunciados ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el 2008, año en el que se condenó a la Argentina no sólo a pagar una suma indemnizatoria de u$s295.000, sino que se instó a la Corte Suprema a investigar y sancionar penal y administrativamente a todos los responsables de lo sucedido, cuestión sobre la que, hasta el momento, los ministros hicieron caso omiso. Actualmente, la Argentina se encuentra en un período de supervisión de cumplimiento de sentencia.

Estos maniobras oscuras llevaron a que el juez de ambas causas, Luis Alberto Zelaya –a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13–, esté en la mira de la Procuración General de la Nación por haber, presuntamente, favorecido a efectivos de la Policía Federal –conocidos como la “banda de los comisarios”– que participaron en dos causas de secuestros y torturas.

Los hechos marcan que en el 2008, la CIDH condenó al Estado argentino a pagar una indemnización y criticó a la Justicia por su actuación en el caso de torturas que sufrió el ex policía Juan Carlos Bayarri para que confesara su supuesta participación en el secuestro del hoy jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El tribunal dijo que el Estado violó derechos humanos de Bayarri, quien estuvo trece años detenido bajo prisión preventiva acusado de integrar la “banda de los comisarios” y salió en libertad a raíz del fallo.

El otro caso de peso que fue denunciado ante la CIDH tiene como protagonistas al ciudadano uruguayo Bueno Alves y su abogado, Alberto Pérez Galindo, quienes fueron detenidos por la Policía Federal en 1988. El primero fue torturado para que suministrase datos sobre el abogado y se pudiese así fraguar un procedimiento penal en su contra, por lo que el domicilio del profesional fue allanado.

Dos causas con los mismos protagonistas

Las dos causas judiciales entrecruzan historias de torturas y ocultamientos en las que jueces y policías son protagonistas.

El abogado representante de ambas querellas, Carlos Alberto Pérez Galindo, advierte que el tribunal supremo nacional debería investigar tanto a la banda de policías que intervinieron en los apremios ilegales como a los fiscales que tomaron parte en las causas y “al, en ese entonces, procurador de la Nación, Esteban Righi”.

Quien podría salir más perjudicado si se da curso a la investigación seria el juez Luis Alberto Zelaya, quien está acusado por no indagar a funcionarios policiales que privaron de la libertad y torturaron a los querellantes de ambas causas.

En paralelo, y mientras espera que la Corte Suprema tome cartas en el asunto, el procurador fiscal Eduardo Casal dictaminó que corresponde revocar el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por el que se sobreseyó a Zelaya.

“Les dieron para que tengan”

El fiscal se encuentra por estos días prestando especial atención a lo narrado en el marco de la causa por empleados de menor rango: un secretario dio a conocer que fue apartado de las actuaciones luego de que expresara que era evidente que había que procesar a varios efectivos de la Policía Federal; un empleado contó que Zelaya, risueñamente, le dijo que a Juan Carlos Bayarri y a otro detenido “les dieron para que tengan, los cagaron a golpes”. Se supone que el otro era Bueno Alves.

Ante la consulta de por qué no procesaba a los policías, aseguró que si lo hiciera “se caen las condenas de la causa ‘Macri’”. Por último, otro miembro del personal señaló que el juez le manifestó que “no pensaba hacer nada con esa causa hasta que la cámara se lo ordene”. En ese sentido, el procurador ante la Corte afirmó que el juez ya tendría decidido sobreseer a los imputados, “al punto de que ninguna de las medidas de prueba dispuestas por la cámara podría evitar que resolviera en ese sentido”.

Y efectivamente, remarca Casal en su dictamen, desde que Zelaya tomó a su cargo la causa y dictó el procesamiento con prisión preventiva de ocho funcionarios policiales, transcurrieron casi doce años. Se trata de sobradas muestras de incumplimiento en la labor del juez que hoy vuelven a ser investigadas para que de una vez se avance en el esclarecimiento de los hechos.